Las Mujeres Nayaritas, Mejor preparadas, pero más discriminadas

Tepic, Nayarit a 15 de Marzo de 2014.

Por: Lorena Meza Reyes.   

Uno de los factores para avanzar en el desarrollo humano y en el cumplimiento de los derechos humanos reconocido a nivel mundial es lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de participación  en los ámbitos público y privado.

El desarrollo humano implica el despliegue de libertades de hombres y mujeres  para elegir opciones y formas de vidas dignas que unos y otras valoran. 

Esta libertad para elegir significa la expansión de las capacidades cardinales en la vida de la persona: gozar de una vida saludable y longeva, contar con educación, conocimientos e información, y poder tener acceso a recursos materiales que permitan en conjunto, arribar al tipo de vida que se aspira como persona y como sociedad.

El índice de Desarrollo relativo al genero  (IDG) en el estado de Nayarit implica una merma en desarrollo humano que ha sido calculada alrededor de 1.30% debida a la desigualdad entre hombres y mujeres.

Esta cifra destaca que las mujeres en Nayarit tienen un trato asimétrico que redunda en la restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos: Así, por ejemplo aun cuando la tasa de alfabetización es similar entre mujeres (91.87%) y hombres (92.48%). Las mujeres que terminan una licenciatura es mayor a los hombres con una diferencia de 2.4% y sin embargo la mujer gana menos en promedio de un 46% que los hombres.

Lo cual coloca a Nayarit en el # 23 en relación al  país, apenas arriba de Tlaxcala y Zacatecas.

Tanto en el nivel estatal como en el nacional, alrededor de uno de cada cinco hogares es comandado por una mujer.

En cinco años, la tasa de jefatura femenina aumentó de 21.4% a 23.5% en la entidad.

Participación política en los municipios ésta es escasa: 5.0% son Presidentas municipales, 33.0% son regidoras y no hay síndicas.

una de cada tres mujeres de 15 años y más, casadas o unidas sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja (38.0%); ligeramente menor a la observada en el nivel nacional (40.0%), sin embargo, este tipo de violencia conyugal es mayor en zonas urbanas que en rurales (42.5% y 29.5%, respectivamente).

Distintas formas de violencia pueden darse de manera simultánea; tal es el caso de la violencia emocional –que suele acompañar a otras formas de violencia- que alcanzó la cifra de 30.9% en la entidad.

La violencia económica fue de 22.5%, la física de 9.0% y la sexual de 6.7%. Tanto en la violencia física como la sexual la prevalencia es mayor en las zonas urbanas.

Cabe destacar que del total de mujeres de 15 años y más que declaró sufrir violencia, 91.6% padeció algún tipo de intimidación en el ámbito de su comunidad; de éstas, reportó abuso sexual más de una de cada tres (35.1%). Este último porcentaje aunque ligeramente menor al promedio nacional (41.9%) es una proporción significativa para tomar en cuenta en la definición de políticas públicas.

Las mujeres separadas o divorciadas en la entidad son las que declaran mayor incidencia de violencia ejercida por sus parejas durante su relación: 73.6% fue víctima de actos violentos durante su relación, 48.9% padecían violencia física y 32.0% violencia sexual, cifra abrumadoramente más elevada que las que declaran las mujeres unidas.

 La alta prevalencia de este tipo de violencia en la entidad sugiere que muchas de estas mujeres se separaron o divorciaron precisamente por ser objeto de dicha violencia.

La violencia contra las mujeres perpetrada por sus parejas conyugales no necesariamente cesa con la separación y el divorcio. La misma encuesta muestra que 42.7% de las mujeres divorciadas y separadas que sufrían violencia por parte de su pareja durante su relación continuaron padeciéndola después de la ruptura conyugal; 14.3% de estas mujeres señaló haber sido víctima de violencia física y 12.4% de violencia sexual aún cuando se habían separado.

La discriminación, la violencia y la amenaza de la violencia que padecen las mujeres por el hecho de serlo, en prácticamente todos los ámbitos de sus vidas, las frenan en el desarrollo de sus capacidades, inhiben el ejercicio de sus libertades y, en consecuencia, se violentan sus derechos fundamentales. 

Atender la discriminación y la violencia en la entidad es un imperativo urgente si se quieren alcanzar mejores niveles de desarrollo que abarquen el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres.

Información de INEGI