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Aprobaron
reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para sancionar
aquellas conductas que se erigen como un abuso del legítimo derecho de cobro y
terminan por alterar la paz y tranquilidad de las personas, al exigir el pago
de manera violenta o inadecuada.
Tepic, 23 de
junio del 2015.- Con la intención de que las instituciones crediticias,
intermediarios financieros y tiendas departamentales no recurran en prácticas
de intimidación, amedrentamiento, hostigamiento y terminen perjudicando los
derechos de los deudores, las diputadas y diputados integrantes de la Trigésima
Primera Legislatura aprobaron reformas y adiciones a diversas disposiciones del
Código Penal para el Estado de Nayarit.
Con estas
modificaciones –aprobadas en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del
Primer Año de Ejercicio Constitucional– no se pretende inhibir que los
acreedores busquen convenir o conciliar con sus deudores el pago
correspondiente, tampoco busca limitar los posibles acuerdos que puedan generar
las partes, sino más bien se trata de sancionar aquellas conductas que se
erigen como un abuso del legítimo derecho de cobro y terminan por alterar la paz
y tranquilidad de las personas, al exigir el pago de manera violenta o
inadecuada.
La reforma
incluye la incorporación del artículo 276 bis al Código Penal en donde se
describe con autonomía este delito, equiparándolo al de amenazas, pero
describiendo puntualmente los elementos que lo particularizan; asimismo se
modifica la fracción XXIV del artículo 24 bis, a efecto de establecer que este
nuevo tipo penal se perseguirá únicamente por querella de parte.
Finalmente, es
de mencionarse que, a quien incurra en este tipo de prácticas se sancionará con
una pena de prisión de seis meses a
dos años y una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo.
Con la
aprobación de esta reforma al Código Penal, presentada por el diputado Manuel Bernardo
Carbonell Ortega, la Trigésima Primera Legislatura orienta de manera inicial
con la innovación del marco jurídico local del Código Penal para el Estado de
Nayarit, en materia de amenazas.
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