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- Respalda
la Confederación que existan pesos y contrapesos necesarios en un Estado
Democrático.
- Existen
vías legales para dirimir los desacuerdos entre Poderes.
A raíz de las controversias suscitadas
por la resolución de dos jueces de suspender provisionalmente la vigencia de
las recientes modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, en la COPARMEX
consideramos necesario defender la
división de Poderes, como un pilar de
la democracia que todos debemos preservar.
En nuestra República, la soberanía del
pueblo se ejerce por medio del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno con sus atribuciones marcadas en
la Constitución.
En la COPARMEX creemos firmemente que
la división de Poderes sirve para frenar impulsos autoritarios, ya que la salud de nuestra democracia depende de
un sistema eficaz de pesos y contrapesos.
Por ello resaltamos que si alguno de
los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, no está de acuerdo con las resoluciones del Poder Judicial,
existen los cauces legales y jurisdiccionales para impugnar dichas decisiones.
A nuestro juicio, a ninguno de los
Poderes le corresponde mediatizar las tareas de los otros, ni hacer señalamientos
públicos que polarizan a la sociedad.
En COPARMEX hemos defendido siempre el
Juicio de Amparo como un baluarte del sistema jurídico mexicano y como un mecanismo eficaz para defender
los derechos de todos ante atropellos o arbitrariedades desde la
autoridad. Jamás una resolución
judicial al respecto debería derivar en una embestida de un poder contra otro,
pues con ello perdemos todos.
Desde que se propuso la iniciativa
preferente por parte del Ejecutivo federal y luego durante su aprobación sin cambios en las dos cámaras del Congreso
federal, en COPARMEX advertimos que sería controvertida legalmente
por sus impactos negativos contra la
libre competencia, el medio ambiente y la salud de los mexicanos.
Queremos dejar en claro que en un
Estado democrático todos los actores políticos, económicos y sociales tienen derecho a hacer uso de las herramientas
legales que consideren apropiadas para defender sus posturas sobre los
temas que consideran prioritarios para
el País.
Advertimos el riesgo de utilizar la
agenda energética -y ahora una posible reforma constitucional- para polarizar a
la sociedad con fines electorales. Rechazamos tajantemente que se ponga en
riesgo al sistema eléctrico nacional.
En el caso particular del tema de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, reiteramos nuestro llamado al diálogo para encontrar vías de solución. El país requiere la suma de voluntades entre el gobierno y el sector privado.
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