El presidente del CDE del PRI en Nayarit, Enrique Díaz López
y la secretaria general, diputada Sofía Bautista Zambrano, acompañados de la
presidenta del ONMPRI Martha Partida, regidoras y un grupo de mujeres líderes
del tricolor, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, contra la gobernadora de Campeche Layda Sansores, ante las agresiones
y amenazas que esta ejerció contra las diputadas federales de este instituto
político.
“Estamos interponiendo una queja, en voz de todas las
diputadas federales priistas por la violencia política de la cual han sido
víctimas por parte de la gobernadora Layda Sansores. No se deben violentar los
derechos de ninguna mujer. Hoy se trata de las mujeres legisladoras del PRI,
pero mañana puede ser cualquier mujer que esté participando en política, de cualquier
partido político o cargo público y esto no se puede permitir ni se debe pasar
por alto”, manifestó la diputada Sofía Bautista.
Destacó que, tras las violaciones a los derechos de las
diputadas, las y los priistas de todo el país, están solicitando se establezcan
medidas cautelares además de que se registre a la gobernadora en el Padrón
nacional de violentadores que tiene el INE como una clara consecuencia de sus
actos para que esto no se repita, ni por parte de una autoridad ni por parte de
una mujer.
Por su parte, el presidente Enrique Díaz, informó que, además
de todas las quejas presentadas en la Comisión de Derechos Humanos de los
estados, también se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la
República, por lo que estarán a la espera de que esta instancia castigue como
la ley lo mandata a quien está vulnerando los derechos de las legisladoras.
“Nos solidarizamos hoy en esta lucha, como lo hemos hecho
siempre en defensa de los derechos de las mujeres”, dijo el dirigente.
Cabe citar que, en el documento dirigido al titular de la
CEDH Máximo Muñoz de la Cruz, se expone que el pasado 5 de julio del presente
año, la gobernadora de Campeche condujo un programa con transmisión en medios
institucionales y redes sociales, donde afirmó que tenía en su posesión
material íntimo de las integrantes del grupo parlamentario del PRI en la cámara
de Diputados Federal, acto que, no solo es posiblemente constitutivo de delito,
sino que son actos de violencia mediática, violencia institucional, violación
directa y fehaciente a los derechos fundamentales.
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