LOS RETOS DEL PAQUETE ECONÓMICO SON: DÉFICIT, AUMENTO DE IMPUESTOS, CERTIDUMBRE PARA LA INVERSIÓN, ASÍ COMO EVITAR REDUCCIONES PARA SEGURIDAD, SALUD Y EDUCACIÓN

 

·         La estabilidad de las finanzas públicas dependerá de la ejecución efectiva del presupuesto y del crecimiento económico.

·         El incremento del IEPS a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos genera señales de incertidumbre.

·         Una inversión pública diversificada es fundamental para asegurar la creación de empleo y el desarrollo regional.

·         Es necesario priorizar el presupuesto para seguridad, educación y salud.

 

El Paquete Económico 2026 propone un gasto total de 10.1 billones de pesos, con ingresos estimados en 8.7 billones, lo que genera un déficit y un nivel de endeudamiento de 4.1% del PIB, apenas por debajo del proyectado para 2025. Este escenario se basa en supuestos optimistas de crecimiento económico de entre 1.8% a 2.8%, que dependerán de las garantías que otorgue el gobierno a la inversión, la seguridad y la certeza jurídica para sostener la recaudación y estabilizar las finanzas públicas.

Resulta inquietante que el compromiso del déficit para el 2025, establecido en 3.9%, se esté estimando en 4.3%. Sin embargo, es positivo que las principales calificadoras internacionales ratifiquen la confianza en la política fiscal del gobierno. En este sentido, en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos esencial que el Gobierno de México sí cumpla efectivamente con las metas de crecimiento, recaudación y endeudamiento que establece en el Paquete Económico 2026.

El gasto público muestra decisiones que requieren atención. En particular, los pilares sociales enfrentan riesgos importantes: la caída en el presupuesto de la Secretaría de Salud (-3.2%) ocurre cuando 44.5 millones de personas reportan carencia por acceso a servicios médicos; el gasto en Educación, aunque aumenta 6.4%, sigue siendo insuficiente para revertir el rezago educativo; y la disminución del (-)17.5% en Seguridad Ciudadana debilita la capacidad de proteger a la población y de mantener un entorno atractivo para la inversión.

El presupuesto estima que la inversión pública aumentará 19.8% en términos reales, alcanzando 1.25 billones de pesos (3.2% del PIB), de los cuales 960.1 mil millones corresponden a inversión física. No obstante, esta cifra sigue lejos de la meta del 5% del PIB requerida para detonar la inversión privada y lograr un crecimiento sostenido. Además, uno de cada cuatro pesos se destina a PEMEX, lo que concentra recursos en un solo sector y reduce la diversificación de proyectos estratégicos.

Asimismo, se contempla un incremento en impuestos que puede afectar la confianza de inversionistas. El aumento del IEPS a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos con contenido violento, así como la eliminación de la deducibilidad de la cuota que pagan los bancos al IPAB, representan señales de incertidumbre fiscal que pueden desincentivar inversión, aun cuando no existe evidencia de que estos impuestos reduzcan el consumo. Por otro lado, el combate a factureras es necesario, sin embargo, los límites para la defensa del contribuyente y la garantía del interés fiscal erosionan la certeza jurídica.

La Ley de Ingresos proyecta un incremento real de 62.2% en los ingresos por impuestos de importación respecto a lo aprobado en 2025, lo que equivale a 97.7 mil millones de pesos adicionales. Adicionalmente, iniciará la discusión de una reforma a la Ley Aduanera. Si bien el objetivo debería ser equilibrar la balanza comercial, un aumento excesivo en los gravámenes podría generar presiones inflacionarias y afectar los procesos productivos. Una reforma que no logre conciliar la eficiencia operativa con el combate a prácticas ilegales terminaría por deteriorar la competitividad del sector productivo, impactando especialmente a las MiPYMEs, que requieren trámites ágiles y eficientes para poder crecer.

Existen también factores que limitan el espacio fiscal. El gasto en pensiones alcanza los 2.3 billones de pesos (considerando pensiones contributivas y no contributivas como la Pensión a Adultos Mayores), equivalente a 6% del PIB. A esto se suma el costo financiero de la deuda de 1.6 billones de pesos, lo que limita la capacidad de maniobra del gobierno y condiciona la asignación de recursos en sectores estratégicos.

Desde COPARMEX subrayamos la importancia de destinar recursos al fortalecimiento de las MiPyMEs, que son el corazón de la economía mexicana y generan la mayoría de los empleos. Invertir en infraestructura, capacitación, tecnología y programas de apoyo para estas empresas permitirá no solo mejorar su competitividad, sino también garantizar que el crecimiento económico alcance a todos los sectores y regiones del país, fomentando el empleo formal y estabilidad económica local. Esto requiere también un proyecto global que incentive la inversión y la reinversión en todo el país.

Reafirmamos que el crecimiento económico depende de factores clave: seguridad, Estado de Derechos, certeza jurídica y condiciones favorables para la inversión. Solo atendiendo estos elementos será posible consolidar un entorno que permita a México mantener estabilidad fiscal, atraer inversión y generar empleos de calidad, asegurando así un crecimiento sólido y sostenible.