POSICIÒN DEL GRUPO DE OPINIÒN SENTIPENSANTE EN RELACIÒN AL PROYECTO DE CONTRUCCION DE LA PRESA HIDROELÈCTIRCA “LAS CRUCES”, EN EL MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT.

Tepic, Nayarit a 26 de Febrero del 2014.
(Primer Parte)

 Pensemos: en este planeta azul, menos del l2.5% de nuestra agua es dulce, menos del 33 %  del agua dulce fluye, menos del 1.7% del agua  que fluye discurre por cauces. Y  hemos estado obstaculizando incluso estos. Hemos represado la mitad de los ríos del mundo a la tasa sin precedente de uno por hora, y en dimensiones también sin precedentes de más de 45,000 represas de una altura de más de cuatro pisos

Comisión Mundial de Represas (2000)

Frente a los reiterados anuncios del Gobierno Federal, a través de la Comisión  Federal de Electricidad y del Gobierno del Estado, sobre la eventual construcción del proyecto hidroeléctrico “Las Cruces”, quienes conformamos Sentipensante Grupo de Opinión, hemos decidido expresar nuestras consideraciones sobre este tema fundamental para la vida del estado de Nayarit. Lo hacemos reconociendo que la posibilidad de edificar una cuarta presa de Nayarit representa una problemática muy compleja, que si bien es anunciada como una iniciativa de desarrollo económico para el estado, su impacto ambiental, cultural, socioeconómicos y políticos requieren un análisis bien informado, con la profundidad y el conocimiento especializado requerido, pero también con la amplia participación social que amerita el caso, para dar vida a un verdadero proceso de deliberación demócrata.

En los últimos 40 años, la construcción de presas en México ha estado caracterizada por una visión unilateral de desarrollo cuyo rasgo esencial es el aprovechamiento y despojo de patrimonios que pertenecen a los pueblos y comunidades. Los actos concretos en que esto se a traducido implican como constate la discriminación contra los pobres, el desplazamiento y dispersión de las comunidades indígenas e incluso la represión con los afectados por dichas obras. A pesar de que los proyectos de este tipo son presentados desde las autoridades gubernamentales como iniciativas de “desarrollo”, crecimiento económico o bienestar genera, en probadas ocasiones las presas hidroeléctricas son aprovechadas por intereses privados nacionales y  transnacionales, para la operación de complejos turísticos o industriales de exportación de cultivos, que  implica una enorme demanda de energía y agua, y que representa la privatización creciente del patrimonio hídrico, en detrimento de agregados poblacionales cada vez mayores. 

Por lo  tanto, son proyectos de supuesta utilidad pública,  pero terminan promoviendo un beneficio preponderante privado, acarreando en cambio, severos impactos ambientales, socioculturales y humanos para los pueblos de Guerrero, Jalisco, Veracruz y Sinaloa, por mencionar los más recientes, se oponen a la construcción de presas en sus territorios, pero la negativa no circunscribe a nivel nacional; tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, la tendencia del marco legal hará que ya no sea posible construir este tipo de proyectos – Como el caso de la presa de Aguamilpa, el Cajón, la Yesca y ahora las cruces-, además de estar en marcha un proceso de demolición de las ya construidas, puesto que hoy se sabe, su construcción y operación conlleva una numerosa lista de impactos y efectos indeseados que son multidimensionales, muy severos y prologados, que superan los supuestos efectos positivos de su operación.

En particular, para Nayarit, los impactos negativos de la presa de Aguamilpa, cuyo inicio de operaciones fue en 1994, aún siguen apareciendo en la costa norte del estado, donde se ha producido aún  importante erosión  en el cauce del rio y en la playa, debido a la retención de sedimentos por la presa, una salinización de las tierras de cultivos por la resultante penetración de la cuña salida y una reducción de hasta en un 80% de los nutrientes en sedimentos que el río Santiago llevaba en su camino al mar, lo que ha tenido una repercusión negativa en la productividad de la zona, y la muerte de miles de hectáreas de manglar, igualmente persisten demandas jurídicas en curso interpuesta por los afectados por la construcción de las obras  de El Cajón y la Yesca, debido a la forma irregular en que se efectuó el cambio de uso de suelo y la expropiación de las tierras para construir la obra, así como a las irregularidades en el proceso de indemnización de los comuneros de esas zonas.

Un asunto que nos preocupa de manera singular, son los recientes eventos en los poblados de la zona, donde se han aprobado en asambleas comunales el cambio de uso de suelo y la expropiación de terrenos para la construcción de la obra, los cuales han transcurridos plagados de irregularidades, tal y como diversos medios informativos lo ha dado a conocer; se ha registrado la presencia de personajes partidistas oficialista y de funcionarios de gobierno cuya influencia resulta igualmente intimidatoria; se ha procedido a prometer obras y beneficios materiales a cambio de la aprobación de la obra; se ha hecho aprobar en las votaciones acuerdos distintos a los estipulados en las actas, los cuales además están redactados en términos difícilmente compresibles para los comuneros indígenas y para cualquier individuo ajeno al lenguaje técnico  hiper-especializado. Todo ello representa la violación flagrante de derechos culturales  y territoriales de los pueblos originarios plasmados en convenios internacionales  signados por el gobierno mexicano y que, por tanto, tienen fuerza de ley en estos casos (convenio internacional de la OIT; Declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos indígenas, Convención Americana de Derechos Humanos entre otros).