CONAGUA NEGOCIA CON NUESTRA AGUA

·         LA LEY DE CONAGUA FAVORECE LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

·         PERMITE EL ENVENENAMIENTO DEL AGUA SIN RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

·         EXIGIMOS UNA LEY GENERAL DE AGUAS CON CONTRALORÍA SOCIAL

Tepic, Nayarit a 23 de marzo de 2015.- El Consejo Indígena Náyeri y el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro se unen públicamente a las organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, sindicatos, estudiantes e investigadores de las 32 entidades federativas para: responsabilizar a la CONAGUA por las profundas crisis hídricas en el país; rechazar la Iniciativa de Ley General de Aguas (Ley Korenfeld) que esta dependencia envió al Poder Legislativo el 5 de marzo del año en curso; y demandar en cambio que la Iniciativa Ciudadana de Ley sea aprobada para hacer cumplir el Derecho Humano al Agua[1] (reconocido en febrero del 2012); así como exigir fin a la violencia ejercida contra las y los defensores del agua y liberación de los presos políticos por defender el agua.

Desde su creación en el año 1989 hasta la fecha, la CONAGUA ha mostrado su carácter vertical y autoritario para administrar el agua en el país, lo que ha generado y agudizado una crisis hídrica de gran magnitud en todo el territorio nacional. El agua es un bien común para la vida humana, la vida silvestre y los ecosistemas, y es fundamental para las actividades productivas que son necesarias para el desarrollo local, regional y nacional equitativo. El acceso y distribución justa del agua es fundamental para asegurar una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades.

El agua tiene que ser gobernada mediante estructuras democráticas, que eviten su privatización y cooptación por intereses económicos particulares en perjuicio de la mayoría de los mexicanos. La CONAGUA y su iniciativa de Ley (actualmente en la Cámara de Diputados) insisten en el control centralizado y hermético del agua y se apartan de los lineamientos internacionales que sostienen que es a través de la gobernanza del líquido como se podrá asegurar al agua como derecho humano con acceso suficiente, salubre, aceptable y asequible.

En este ejercicio nacional de contraloría social responsabilizaremos a la Conagua de violar los derechos de los pueblos y la normatividad vigente para favorecer a los grandes inversionistas en agua, energéticos, minería y agroexportaciones, con los siguientes proyectos y políticas:

Ø  Trasvases: Canal Centenario (Nayarit), Acueducto Independencia (Sonora), Monterrey VI, 4ª Etapa Cutzamala (EdoMex), Túnel Emisor Oriente/PTAR Atotonilco, Chapultepec/Parota (Guerrero), Zapotillo (Jalisco), Paso de la Reina (Oaxaca), todos los cuales podrían ser concesionados, junto con sus aguas, si se llegara a aprobar la “Ley Korenfeld”

Ø  Presas hidroeléctricas mal diseñadas y privatizantes: Las Cruces (Nayarit),La Parota (Guerrero), Zapotillo (Jalisco), Jalcomulco y las 121 restantes propuestas para Veracruz

Ø  Complicidad con empresas para no sancionarles por el envenenamiento (derrames tóxico) de los ríos Santiago, Sonora, Atoyac, Bravo, entre otros; Contaminación como en los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Ø  Promoción de la sobreexplotación y el acaparamiento de aguas subterráneas, resultando en: el desecamiento de las aguas de los pueblos originarios; la desertificación de las tierras agrícolas en Sinaloa, Sonora y Chihuahua; daños a la salud por el consumo de aguas “fósiles” en Chihuahua y Aguascalientes;  así como la destrucción de viviendas y escuelas por grietas y hundimientos en los valles de México y Toluca.

Ø  Privatización y mercantilización del agua en centros urbanos, en donde se garantizará el agua potable a industrias y embotelladoras, dejando a millones dependientes de pipas y el tandeo.

Ø  La facilitación del proyecto Aeropuerto Texcoco, el cual pone en riesgo la futura viabilidad hídrica-urbana del centro político y económico del país.

La Ley Korenfeld profundizaría la actual crisis del campo al sujetar las aguas nacionales a dinámicas de compra-venta, eliminando los derechos de los núcleos agrarios y los pueblos rurales e indígenas y exacerbando su vulnerabilidad en materia alimentaria; priorizaría el agua para la minería tóxica (la cual no requeriría de concesión) y el fracking; eliminaría los espacios de participación; y permitiría que la Conagua hiciera uso directo de la fuerza pública para imponer sus decisiones.

Exigimos el reconocimiento a la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas, la cual propicia el control social de los recursos hídricos, y vela así por el futuro de las y los mexicanos. Nos comprometemos con la lucha por lograr la aprobación y puesta en marcha de la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas, elaborada a través de un amplio proceso colaborativo para garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación de la ciudadanía, tal como exige la reforma constitucional reconociendo el derecho humano al agua que exige el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación ciudadana.

Responsabilizamos a la Conagua por las condiciones que resultaron en el asesinato de Antonino Flores Bautista, J. Santos Flores de la Cruz, Manuelita Solorio, Ismael Solís, Alberto Almeida. Asimismo exigimos la liberación de los presos Mario Luna y Fernando Jiménez de la Tribu Yaqui, María de la Cruz y Marco Antonio Suástegui de Guerrero, Eduardo Mejía Nava  de San Bartolo Ameyalco, Teresita Brito Piña y Alfredo Esquivel y Cab de Quintana Roo, así como el levantamiento de los cargos fabricados en contra de Enedina Rosas Vélez y Abraham Cordero de Puebla.

CONSEJO INDÍGENA NÁYERI

CONSEJO INTERCOMUNITARIO DEL RÍO SAN PEDRO

COORDINADORA NACIONAL AGUA PARA TOD@S

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[1]                      Art. 4º. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.