La Fiscalía General
del estado informa:
Se obtienen los primeros tres autos de vinculación a proceso, entre ellos dos funcionarios del Poder Judicial y un apoderado legal del INFONAVIT, relacionados con el fraude procesal y diversos delitos de oficio que afecta a más de 60 mil derechohabientes del INFONAVIT. Se trata de una investigación de la cual, hasta este momento se tienen indicios de los siguientes hechos:
Se obtienen los primeros tres autos de vinculación a proceso, entre ellos dos funcionarios del Poder Judicial y un apoderado legal del INFONAVIT, relacionados con el fraude procesal y diversos delitos de oficio que afecta a más de 60 mil derechohabientes del INFONAVIT. Se trata de una investigación de la cual, hasta este momento se tienen indicios de los siguientes hechos:
La existencia de una asociación delictuosa, conformada por despachos de abogados privados y personal del poder judicial, desde el ex magistrado presidente hasta notificadores. La asociación delictuosa venía funcionando desde el 2013 a la fecha, su funcionamiento se garantizó a través de sobornos, mismos que avalaban el actuar del Poder Judicial y atendiendo su rango jerárquico, era el monto de las cantidades recibidas, las cuales ascienden desde los 20,000 pesos hasta cifras millonarias, mismas que eran entregadas de manera periódica y bajo registro.
El funcionamiento consistía en la privatización de la función judicial, a través de despachos privados integraban los expedientes, funcionarios judiciales validaban las actuaciones, y el propio despacho se encargaba de la escrituración correspondiente con el aval de un notario público.
Las notificaciones se realizaron en un solo domicilio a más 12,000 derechohabientes, cuyas viviendas se ubican en los estados de Durango, Coahuila, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua entre otros, con el objeto de que los afectados quedaran en estado de indefensión.
Parte de la estrategia criminal y ante cualquier inconformidad de un derechohabiente, de manera ilegal y sin mediar procedimiento alguno se procedía a cancelar las escrituras, a efecto de evitar querellas, juicios y amparos.
La fiscalía continuará con la investigación y la judicialización a más de 20 imputados que ya se tienen identificados.
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