El presidente Enrique Peña Nieto,
en su discurso emitido en la 33ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia, habló brevemente sobre el caso relevante y sonado
multihomicido de la colonia Narvarte,
mencionó que, sin duda, los procuradores y fiscales están comprometidos
a redoblar esfuerzos, y brindar una atención oportuna y debida a la
investigación y detención de eventuales responsables de agresiones, ataques y
homicidios en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos.
Indicó, Peña Nieto, que en el
ámbito preventivo, ha dado instrucciones a la Secretaría de Gobernación para
seguir fortaleciendo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas.
Les dijo a Procuradores y Fiscales
Generales, que tienen muy claro cuáles son los retos que tienen las
instituciones que están a su cargo.
Con lo anterior, en pocas palabras,
Procuradores y Fiscales Generales, tienen que investigar y proteger los
derechos de periodistas y personas que defiendan los Derechos Humanos.
Por su parte, el Subsecretario de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Roberto Campa
Cifrian, ha dicho que la oficina que él encabeza es la responsable de dar
protección a defensores de los derechos humanos y periodistas, y exhortó a que
sean los propios comunicadores quienes se acerquen al Mecanismo que está a su
disposición.
Lo cierto es que, según las personas que han solicitado la protección
del Mecanismo, existe mucha burocracia, lo que no permite la reacción inmediata
y tiene muchas fallas, lo que hace que los periodistas y personas defensoras de
derechos humanos, no se acerca a él.
De acuerdo a un diagnóstico sobre
la operación del Mecanismo, realizado por medio centenar de organizaciones
civiles e internacionales, y que lo manifiesta en el periodista Arturo Ángel,
en su espacio periodístico, con los botones de pánico sin señal, teléfonos
emergencia que nadie contesta, patrullajes que no se hacen, cámaras que tardan
meses en ser instaladas, nulo seguimiento de las investigaciones….así funciona el
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas en México.
Explica el periodista, que las
fallas de este programa, creado en junio del 2012 para –en teoría- proteger a
periodista y activistas que por su labor pudiera estar en riesgo fueron
desnudadas por medio centenar de organizaciones civiles e internacionales que
realizaron un diagnóstico donde se llegó a la conclusión que el Mecanismo hoy
en día Incompleto, opaco y muchas veces inútil.
Para muestra un dato dramático:
según las organizaciones, de junio de 2012 a mayo del 2014, se registraron que
32 defensores de derechos humanos fueron ejecutados extrajudicialmente en
México.
Actualmente, el Mecanismo está
protegiendo a 419 personas, entre defensores y periodistas.
Y en cuanto a leyes para proteger a
periodistas, en un estudio realizado por el periodista Rogelio Hernández López,
asociado de la Casa de los Derechos de Periodistas, menciona que en todo el
país ya se registra una ley federal y 20 leyes estatales que pretenden proteger
al periodismo; que 29 iniciativas similares están por dictaminarse y que ya
también se comenzaron a tipificar los delitos contra el periodismo en 4 códigos
penales, a parte del federal.
Y en esto, en Nayarit, no se
vislumbra, la aprobación de una ley para
proteger al periodista, ni introducir en
su Código Penal los delitos contra el periodismo.
En Quintana Roo, es donde se
encuentra la redacción más completa:
“A quien por sí o por interpósita persona
obstaculice, impida, o por cualquier medio reprima la publicación, producción,
distribución, circulación o difusión de algún medio de información escrito o
impreso, se le impondrá de seis mesas a tres años de prisión y de cincuenta a
doscientos días multa.”
Rogelio Hernández, describe que las
iniciativas de Protección que están pendientes de dictaminar son 29, como se
dice en el argot legislativo, están o seguirán congeladas.
Aguascalientes 1; Campeche 1;
Chihuahua 3; Coahuila 1; Guanajuato 1; Jalisco 1; Estado de México 3 (incluida
una del gobernador actual) Michoacán 2; Morelos 1; Nayarit 1; Nuevo León 1;
Oaxaca 3; Puebla 2; Querétaro 2; Tabasco 1; Tlaxcala 2; Yucatán 1 y Zacatecas
2.
En Baja California Sur y Tamaulipas
no se registra iniciativa o actividad alguna. O, no hay periodistas y
legisladores preocupados, o son zonas de silencio total impuesto.