Desde la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hacemos un
respetuoso, pero firme llamado al Gobierno Federal para encontrar la solución
efectiva al problema que viven los agricultores de diferentes estados del país
debido al precio que se está pagando por la tonelada de maíz ya que no cumple
con las expectativas del costo que ellos necesitan cubrir.
Esta situación ha
impactado a socios y socias de diferentes Centros Empresariales de COPARMEX,
quienes han visto reducidos sus ingresos e incluso comprometida la viabilidad
de sus empresas, ante la ausencia de apoyos con un impacto real que les
permitan mantener sus operaciones, preservar empleos y seguir contribuyendo al
desarrollo económico del país.
Por ello, en
conjunto con nuestros Centros Empresariales, reconocemos las legítimas demandas
de las y los dueños de agronegocios, quienes exigen soluciones ante una crisis
que amenaza la rentabilidad, la seguridad y la soberanía alimentaria del país.
A ello se suma la
inseguridad que se vive en distintas regiones, donde la extorsión a los
productores mantiene niveles alarmantes. Esta problemática, aunada a la
ausencia de apoyos gubernamentales, coloca a los empresarios del campo mexicano
en desventaja frente a sus pares de otros países, particularmente de nuestros
socios comerciales del T-MEC.
La falta de
acuerdos con el Gobierno Federal y las acciones de presión de los productores
afectados, han derivado en bloqueos carreteros que han detenido la actividad
económica, industrial y comercial en diversas ciudades, generando pérdidas
millonarias a empresarios, comerciantes y familias ajenas al sector agrícola.
Además, los cierres han afectado a miles de personas, automovilistas, turistas
y transportistas que permanecen varados, poniendo en riesgo su seguridad y su
salud.
En COPARMEX hemos
promovido siempre el diálogo como mecanismo para construir soluciones. Este
diálogo debe ser eficaz, basado en acuerdos concretos que respondan a las
necesidades reales de los productores mexicanos, de las familias que dependen
de su trabajo y de los habitantes de las ciudades cuya economía depende de la
actividad comercial.
Además solicitamos
que el diálogo se extienda a productores de todos los estados, para que los
apoyos sean generalizados y equitativos. Esto debe complementarse con una
política integral, que incluya la garantía de condiciones de seguridad, acceso
a financiamientos con tasas preferenciales y la infraestructura necesaria,
especialmente para asegurar el acceso al agua, un recurso vital para la
operación de los agronegocios y la continuidad de la actividad productiva en
todo el territorio nacional.
Solo a través de
la colaboración entre ambas partes y el entendimiento mutuo, será posible
atender esta crisis con responsabilidad y garantizar condiciones de
estabilidad, productividad y Estado de Derechos en todo el país.

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