Tepic,
29 de enero del 2015.- Diputados de la
Trigésima Primera Legislatura interesados en fortalecer las acciones en la
entidad para el combate al crimen organizado, aprobaron por unanimidad la Ley
de Extinción de Dominio para el Estado de Nayarit, ordenamiento legal que
contienen un total de 63 artículos y
nueve capítulos y que procederá su aplicación, de acuerdo al orden jurídico, a
los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, trata de
personas y robo de vehículos.
En su
conjunto, la Ley aprobada en Sesión
Pública Ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de
ejercicio constitucional, conforma un mecanismo que permite atacar de forma
directa la esfera patrimonial del crimen organizado, y por medio de la cual el
Estado puede extinguir todos aquellos bienes que tengan relación con algún
delito.
En lo
que corresponde a los capítulos que integran esta nueva ley, en el primero, de las "Generalidades", se establece
el objeto de la ley, el glosario de términos, los supuestos en que se deberá
guardar la confidencialidad y reserva de la información que surja de los
juicios de extinción de dominio.
En el
capítulo segundo, se norma todo lo referente a la "extinción de
dominio"; cuáles son las consecuencias de una sentencia estimatoria, la
naturaleza del procedimiento, los requisitos de su procedencia y los bienes que
están excluidos.
Referente
a los capítulos segundo y tercero, se estipula a quienes consideran partes en
el procedimiento de extinción de dominio y las atribuciones que tendrá el
Ministerio Público para preparar la acción a ejecutar.
El
capítulo cuarto, se concreta a regular las denominadas medidas para garantizar
la conservación de los bienes asegurados para evitar que sufran extravío o
destrucción; el capítulo sexto trata lo referente a las pruebas, hechos y
circunstancias para la solución del caso, estableciendo reglas básicas para la
preparación y desahogo de las mismas.
En
suma, la totalidad de los capítulos y artículos de esta nueva Ley para Nayarit,
contribuye a combatir la delincuencia organizada e impedir el beneficio
económico que se obtiene por la comisión
reiterada de las conductas delictivas.
Es de
gran relevancia hacer mención que este nuevo ordenamiento legal, fue presentado
por el Tribunal Superior de Justicia del Estado y surge como parte de la
reforma integral al sistema de justicia penal de que fue objeto la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 18 de junio del año
2008, en la que se reconoció la posibilidad de que el Estado pudiera extinguir
a su favor determinados bienes que tuvieran relación con ciertos delitos, y destinarlos
al combate de este terrible flagelo social y a la atención de las víctimas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario