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Partidos
y coaliciones deberán incluir candidaturas indígenas, personas trans,
afromexicanas y con discapacidad en candidaturas a diputaciones federales
El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) modificó los criterios aplicables para el registro de
candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos
nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para
el Proceso Electoral Federal 2020-2021, con el objetivo de promover la
participación de grupos históricamente discriminados.
El proyecto, que deriva de una sentencia
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propone una
serie de cambios entre los que destaca la participación de personas indígenas
en 21 distritos, de las cuales 11 deberán ser mujeres.
Adicionalmente, los partidos deberán
postular tres fórmulas de candidaturas integradas por personas afromexicanas en
cualquiera de los 300 distritos electorales y una por el principio de
Representación Proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones,
debiendo ubicarla en los primeros 10 lugares de la lista. Las cuatro postulaciones
deben realizarse de manera paritaria.
En materia de discapacidad, partidos y
coaliciones deberán postular fórmulas de candidaturas integradas por personas
con discapacidad en seis de los 300 distritos que conforman el país. Asimismo,
en las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de Representación
Proporcional, los partidos políticos nacionales deberán postular dos fórmulas
integradas por personas con discapacidad. Dichas fórmulas podrán postularse en
cualquiera de las cinco circunscripciones electorales y deberán ubicarse en los
primeros 10 lugares de la lista respectiva.
Finalmente, en materia de diversidad
sexual, el INE determinó que los partidos nacionales deberán postular cuando
menos dos fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300
distritos electorales federales y, para el caso del principio de Representación
Proporcional, deberán postular una fórmula dentro de los primeros 10 lugares de
la lista de cualquiera de las cinco circunscripciones electorales.
La discusión de las medidas tiene que
continuar
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo
Córdova indicó que, si bien el momento para incluir estas medidas no es el más
oportuno, se trata de una sentencia que el Instituto debe acatar, además de que
es una discusión que necesita continuar una vez terminado el proceso electoral.
“No es el momento más oportuno porque,
en efecto, las precampañas han avanzado, las convocatorias de los partidos han
sido ya emitidas y a ellas han respondido ya miles y miles de ciudadanas y
ciudadanos en los términos en los que las mismas fueron emitidas, y hoy tenemos
que hacer ajustes que van a impactar el proceso de designación de las
candidaturas por parte de los partidos políticos”.
Sin embargo, añadió, es muy pertinente
que se abra la discusión sobre la inclusión de grupos vulnerables.
Córdova recordó que es a través de
acciones afirmativas que se han logrado avances. “Eso ha pasado con el tema de
la paridad, hoy estamos en las condiciones en las que venturosamente, luego de
que muchas decisiones se tomaron en su momento como acciones afirmativas y
posteriormente fueron recogidas, potenciadas o moduladas por el propio
legislador”.
Las acciones afirmativas buscan mayor
inclusión
Al respecto, la Consejera Dania Ravel
afirmó que estas nuevas acciones afirmativas tienen como propósito asegurar una
mayor inclusión a partir de la definición de pisos mínimos para la
participación política de grupos que han sido históricamente discriminados.
“A pesar de que las acciones afirmativas
no generan un cambio social inmediato ni garantizan por sí solas el éxito de un
proyecto democrático incluyente, colocan en el centro de la discusión la
necesidad y trascendencia impostergable, tanto de la participación como de la
representación de personas pertenecientes a grupos en situación de
discriminación”, dijo.
Al acompañar el proyecto, el Consejero
Martín Faz explicó que las medidas aprobadas tienen la finalidad de reducir las
funciones sistemáticas de grupos y comunidades que históricamente son discriminados
e invisibilizados.
“La adopción de medidas necesarias para
la integración de grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación es una
tarea principal que el Instituto Nacional Electoral debe de promover para
asegurar la representatividad en la postulación de candidaturas”, sentenció.
Necesario avanzar en la representación
de las y los jóvenes
La Consejera Claudia Zavala refirió que
aún está pendiente la inclusión de un grupo que debe ser visibilizado también:
las y los jóvenes.
“Las juventudes no son el futuro, son el
presente, en nuestras nuevas formas de convivencia ellas y ellos nos han
enseñado muchísimo, respecto de cómo plantear y replantear nuestros propios
modelos y creo necesario dar un paso más a su representación”.
En este sentido, la Consejera Carla
Humphrey coincidió en que en esta ocasión el INE ha dejado fuera acciones
afirmativas dirigidas a dos grupos: jóvenes y migrantes.
“Si bien hay que garantizarles también
el derecho de poder integrar, en este caso la Cámara de Diputadas y Diputados,
creo que requiere de un análisis mayor y quizá de reformas legislativas”, por
lo que llamó a las y los legisladores a implementar medidas en esta materia.
No se debe caer en simulaciones
Por su parte, la Consejera Adriana
Favela confió en que los partidos cumplirán con compromiso estas nuevas
determinaciones.
“Las veces que hemos estado trabajando,
por ejemplo, con personas con discapacidad, con las personas de la comunidad
trans, siempre han mostrado su gran disposición a apoyar estos temas y estoy
también segura que van a cumplir con las acciones afirmativas”; sin embargo,
advirtió que el Instituto estará pendiente para que los partidos no caigan en
simulaciones o trampas para el cumplimiento de estas disposiciones.
Al exponer su postura, el Consejero
Uuc-kib Espadas señaló que aún se debe avanzar más en la inclusión de los
pueblos y comunidades indígenas, ya que, en los 21 distritos reservados para
candidaturas indígenas, sólo se encuentran ocho de los pueblos y comunidades
del país.
“La acción afirmativa en favor de los
pueblos indios no es una acción que beneficie al conjunto de quienes pertenecen
a pueblos originarios de México, sino sólo a una fracción de ellos, a los más
fuertes”.
Finalmente, el Consejero Ciro Murayama
mencionó que los partidos políticos son parte de la diversidad y de la
pluralidad que existe en México, por lo que “podrían y deberían desde sus
respectivas agendas poner énfasis en hacer visibles causas, propósitos y
propuestas y que la ciudadanía sancione esa diferencia con la libertad de su
voto”.
Terminan trabajos de la Comisión de
Seguimiento a Procesos Electorales 2019-2020
Durante la sesión, el pleno recibió el
Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 celebrados en
Coahuila e Hidalgo. En el Informe se da cuenta de las 21 sesiones celebradas,
en donde se dio seguimiento al procedimiento de acreditación de observadores
electorales, al desarrollo de las sesiones de los consejos locales y distritales
de las entidades con proceso electoral.
Al respecto el Consejero José Roberto
Ruiz, quien tuvo a su cargo la presidencia de esta Comisión, agradeció a todas
y todos quienes colaboraron con el INE y los Organismos Públicos Locales de
ambas entidades para organizar estas elecciones en medio de una crisis
sanitaria.
Posteriormente, el Consejo ordenó al
Partido Revolucionario Institucional realizar a la brevedad modificaciones a
sus documentos básicos y, en su caso, a los reglamentos, para que dé cumplimiento
a las reformas aprobadas el 13 de abril de 2020, por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de
la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, a más
tardar 60 días naturales posteriores a la conclusión del Proceso Electoral
Federal 2020-2021, en acatamiento a una sentencia ordenada por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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