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Desde la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), manifestamos
nuestra profunda inquietud por el creciente adeudo que Petróleos Mexicanos
(Pemex) mantiene con miles de empresas proveedoras, en su mayoría micro,
pequeñas y medianas empresas mexicanas que hoy enfrentan una severa crisis
financiera derivada del incumplimiento en los pagos por parte de la empresa
productiva del Estado.
Aunque al 31
de marzo de este año se reportó una disminución del 20% en la deuda de
proveedores, ubicándose en 404 mil millones de pesos1, el monto sigue siendo de
proporciones insostenibles. Asimismo, pese a que reconocemos que este año Pemex
ha pagado 147 mil millones de pesos, como informó la presidenta de México, y
que se trabaja en mecanismos con la Secretaría de Hacienda para saldar el
resto, mientras no se cubra la totalidad del adeudo, miles de empresas seguirán
en riesgo de detener operaciones, despedir personal o incluso cerrar
definitivamente.
Reconocemos
que, desde el inicio de la actual administración, ha existido un esfuerzo por
sanear las finanzas de Pemex. Sin embargo, los pasivos acumulados que hoy
asfixian a cientos de empresas obedecen a malas prácticas, sobrecostos y
contratos poco transparentes heredados de gestiones anteriores. La empresa
acumula una deuda financiera total superior a los 2 billones de pesos, que
incluso creció 3.8% al cierre de 20242. En este sentido, es importante señalar
que existen mecanismos legales mediante los cuales Pemex y/o el Gobierno
Federal pueden cancelar o renegociar contratos heredados que resulten excesivos
o desventajosos, como ya se ha hecho en sexenios anteriores. Más allá del
origen, el impacto de no atender con urgencia estos adeudos, está comprometiendo
la viabilidad de miles de negocios.
Cada factura
pendiente representa el sustento de familias que dependen de empresas
proveedoras en riesgo de cerrar. Muchas ya han tenido que reducir personal,
cancelar operaciones o detener proyectos. En los casos más extremos,
empresarios han perdido su patrimonio personal por no poder enfrentar
compromisos
fiscales, laborales o financieros derivados del incumplimiento de pagos por
parte de Pemex.
La
afectación se concentra especialmente en zonas clave para el desarrollo
energético del país como Ciudad del Carmen, Tapachula, Hidalgo, Irapuato,
Tamaulipas, Oaxaca, Reynosa, Tabasco, Tampico y Veracruz, donde cientos de
proveedores ven amenazado su futuro y el de sus comunidades. Todo ello ocurre
mientras los ingresos por ventas y servicios de Pemex se redujeron 2.5%
interanual, ubicándose en 395.6 millones de pesos, y su producción de crudo
cayó 11.3%3. Ante este panorama, es indispensable que se consideren esquemas de
reestructuración interna que mejoren la eficiencia operativa y financiera de
Pemex, a fin de convertirla en una empresa verdaderamente productiva y
sostenible en el tiempo.
Además,
distintas empresas han denunciado presiones indebidas y posibles actos de
corrupción al interior de Pemex para liberar pagos legítimamente adeudados. No
podemos permitir que el cobro por servicios contratados derive en procesos
opacos o condicionados. La legalidad, la transparencia y las buenas prácticas
deben ser la norma, particularmente en una empresa que pertenece a todas y
todos los mexicanos. A ello se suma la disminución en la producción de gas
natural, que promedió 5 mil 502 millones de pies cúbicos diarios (una caída de
8.7%)4.
Hacemos un
llamado urgente al Gobierno Federal y a la dirección general de Pemex para que
se transparente el estado actual de los adeudos, se establezca un calendario
público, claro y verificable de pagos, y se garantice que ninguna empresa tenga
que recurrir a prácticas irregulares para obtener lo que legalmente le
corresponde.
México
necesita una empresa petrolera sólida, pero no a costa de debilitar al
ecosistema empresarial que históricamente ha respaldado su operación. Pemex no
puede avanzar si arrastra consigo a las empresas que le han brindado soporte
técnico, logístico y operativo durante décadas.
Hoy más que nunca, exigimos certidumbre, legalidad y respeto para las empresas proveedoras. No claudicaremos en nuestra labor de defender los principios de justicia, transparencia y Estado de derecho.
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