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Tepic.-
Los comités estatales del PAN y del PRD interpusieron esta mañana una demanda
administrativa y penal por
presuntos desvíos de recursos federales a favor del candidato oficial Roy Gómez
Olguín y emplear la estructura del Gobierno Federal en la elección.
En conferencia de prensa el diputado federal perredista Rodrigo González Barrios, el presidente estatal del PAN, Clemente Ulloa y legisladores federales de ambos partidos, presentarán ante el Consejo Estatal Electoral y el Ministerio Público las denuncias administrativas y penales en contra de la delegada de la SEDESOL federal, Noemí Galindo Ponce.
Con base en el Código Penal del estado, en el artículo 392 establece que se impondrá de setenta a doscientos días de multa y prisión de tres meses a seis años, al servidor público que:
“III. Destine fondos o bienes que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de un Partido Político o de un candidato, o proporcione ese apoyo a través de sus subordinados usando el tiempo correspondiente a labores oficiales para que éstos presten servicios a un Partido Político o candidato;”
Lo cual es evidenciado en una reunión que se realizó dentro de las instalaciones dentro de dicha institución federal. Una semana antes del sufragio electoral, se obtuvo una grabación en la cual se deja en claro que la delegada federal organiza la estructura electoral del PRI y les promete recursos para el día de la movilización: gasolina, compra de tiempo-aire y teléfonos celulares.
Esto también se encuentra sancionado por el Código Penal Federal en el artículo 403 donde se impone de diez a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:
“VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral;”
González Barrios recordó que en la ley queda claramente establecido que los servidores públicos deben aplicar imparcialmente los recursos públicos en pro de la equidad, lo cual no sucede en este caso y viola claramente el artículo 134 de la Constitución Política.
Con palabras textuales en el audio la delegada dice: “Les encargo mucho su seccional, sus promotores, échenle ganas; va venir gente del partido a entregarles un apoyo para que tengan teléfono celular, gasolinas para moverse y puedan hacer bien el trabajo de aquí al seis de julio”. (http://youtu.be/Kjxk7GbNHGc)
Esto también va en contra de lo dicho en el artículo 223 de la Ley Electoral de Nayarit, donde:
“Son prohibiciones expresas para los ciudadanos, aspirantes, precandidatos y candidatos, que por sí o mediante interpósita persona:
IV. Hagan uso de recursos o programas públicos de cualquier índole, para efectuar actividades de proselitismo, para sí o para otro”.
Es por esta razón que hoy nosotros exigimos que dada la normatividad y ante los hechos dados a conocer, según lo que está establecido en el artículo 5 de la ley general de delitos electorales que detalla que se sancionará a cualquier servidor público que cometa cualquiera de los delitos previstos con la destitución de su cargo:
“(…) se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo”.
Así como el artículo 11 de la misma ley queda detallado:
“Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:
III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado”.
Finalmente, se señaló que en la grabación, Noemí Galindo reconoce que la gente está molesta con el PRI y pide a los promotores que preguntan qué necesita la gente y cómo poderlos calmar; lo que deja al descubierto la desesperación del gobierno priista por revertir un resultado que prevén será favorable para la alianza de facto.
En conferencia de prensa el diputado federal perredista Rodrigo González Barrios, el presidente estatal del PAN, Clemente Ulloa y legisladores federales de ambos partidos, presentarán ante el Consejo Estatal Electoral y el Ministerio Público las denuncias administrativas y penales en contra de la delegada de la SEDESOL federal, Noemí Galindo Ponce.
Con base en el Código Penal del estado, en el artículo 392 establece que se impondrá de setenta a doscientos días de multa y prisión de tres meses a seis años, al servidor público que:
“III. Destine fondos o bienes que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de un Partido Político o de un candidato, o proporcione ese apoyo a través de sus subordinados usando el tiempo correspondiente a labores oficiales para que éstos presten servicios a un Partido Político o candidato;”
Lo cual es evidenciado en una reunión que se realizó dentro de las instalaciones dentro de dicha institución federal. Una semana antes del sufragio electoral, se obtuvo una grabación en la cual se deja en claro que la delegada federal organiza la estructura electoral del PRI y les promete recursos para el día de la movilización: gasolina, compra de tiempo-aire y teléfonos celulares.
Esto también se encuentra sancionado por el Código Penal Federal en el artículo 403 donde se impone de diez a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:
“VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral;”
González Barrios recordó que en la ley queda claramente establecido que los servidores públicos deben aplicar imparcialmente los recursos públicos en pro de la equidad, lo cual no sucede en este caso y viola claramente el artículo 134 de la Constitución Política.
Con palabras textuales en el audio la delegada dice: “Les encargo mucho su seccional, sus promotores, échenle ganas; va venir gente del partido a entregarles un apoyo para que tengan teléfono celular, gasolinas para moverse y puedan hacer bien el trabajo de aquí al seis de julio”. (http://youtu.be/Kjxk7GbNHGc)
Esto también va en contra de lo dicho en el artículo 223 de la Ley Electoral de Nayarit, donde:
“Son prohibiciones expresas para los ciudadanos, aspirantes, precandidatos y candidatos, que por sí o mediante interpósita persona:
IV. Hagan uso de recursos o programas públicos de cualquier índole, para efectuar actividades de proselitismo, para sí o para otro”.
Es por esta razón que hoy nosotros exigimos que dada la normatividad y ante los hechos dados a conocer, según lo que está establecido en el artículo 5 de la ley general de delitos electorales que detalla que se sancionará a cualquier servidor público que cometa cualquiera de los delitos previstos con la destitución de su cargo:
“(…) se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo”.
Así como el artículo 11 de la misma ley queda detallado:
“Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:
III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado”.
Finalmente, se señaló que en la grabación, Noemí Galindo reconoce que la gente está molesta con el PRI y pide a los promotores que preguntan qué necesita la gente y cómo poderlos calmar; lo que deja al descubierto la desesperación del gobierno priista por revertir un resultado que prevén será favorable para la alianza de facto.
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